El secretario de Hacienda de Silva Jardim explica cómo el nuevo régimen fiscal federal impacta en las transferencias de fondos, presiona las inversiones locales y exige coordinación federal y profesionalización de la gestión pública.

Aprobado con el objetivo de sanear las cuentas públicas y garantizar una mayor previsibilidad, el marco fiscal (Proyecto de Ley Complementaria 93/2023) sustituyó el antiguo límite de gasto por un régimen que vincula el crecimiento del gasto al rendimiento de los ingresos y al logro de las metas de superávit primario. En otras palabras, el gobierno federal solo puede aumentar su gasto si se produce un aumento real de los ingresos. Pero, más allá del debate en Brasilia, los efectos del marco también se sienten a nivel local, especialmente en los municipios pequeños, donde las variaciones de ingresos afectan la prestación de servicios esenciales. En Silva Jardim, en la región metropolitana de Río de Janeiro, el tema forma parte de la rutina diaria de la Secretaría de Hacienda. 

Para Leandro Viana Antunes, exalumno de RenovaBR y actual secretario de Hacienda de Silva Jardim, el impacto es inmediato. Según él, al restringir el crecimiento del gasto federal, el nuevo régimen ejerce presión sobre las transferencias federales, lo que en última instancia limita la capacidad de inversión de los municipios. En la práctica, esto requiere un cambio en el enfoque de la gestión local. 

El nuevo marco incentiva a los municipios a promover una cultura de presupuesto sostenible. No basta con centrarse únicamente en aumentar los ingresos. También es necesario ajustar la evolución del gasto público, evitando su crecimiento descontrolado, especialmente los gastos obligatorios y recurrentes, afirma. 

Según el secretario, para los municipios pequeños, esta realidad exige ajustes constantes y un seguimiento continuo de los ingresos reales. Leandro explica que el escenario exige una planificación a mediano plazo y una evaluación constante de las cuentas públicas para garantizar la sostenibilidad fiscal sin comprometer la continuidad de los servicios.

Objetivos fiscales y servicios esenciales 

Si bien el marco establece una dirección para equilibrar las cuentas públicas, las operaciones municipales cotidianas pueden enfrentar desafíos adicionales. Según el secretario, una de las dificultades está relacionada con las decisiones adoptadas a nivel federal que no contemplan mecanismos de compensación para los municipios. 

Como ejemplo, cita la ampliación del tramo de exención del impuesto sobre la renta, que si bien reconoce su gran relevancia social, destaca una reducción de los ingresos municipales por Retención del Impuesto sobre la Renta (IRRF) sobre la nómina de los funcionarios públicos, que constitucionalmente corresponde a los municipios. 

“En enero de este año, tuvimos una reducción cercana a R$175 mil. Si no se implementa ninguna medida compensatoria durante el año fiscal 2026, el impacto anual podría ser mayor”, informa. Según el secretario, dependiendo de la medida, las arcas municipales terminan siendo algo más limitadas en cuanto a la disponibilidad de inversión. 

El contexto plantea el debate sobre el equilibrio entre el cumplimiento de objetivos fiscales más estrictos y, al mismo tiempo, la garantía de los servicios esenciales. Para Leandro, el desafío no es solo de gestión interna, sino también de coordinación federativa. Destaca la importancia del diálogo institucional y el papel de la Confederación Nacional de Municipios (CNM) en la articulación de mecanismos compensatorios, como la obtención de la cuota adicional del FPM en septiembre. 

La reforma administrativa como estrategia fiscal

Además de adaptarse a las nuevas normas tributarias, el municipio de Silva Jardim decidió fortalecer su propia capacidad recaudatoria. Una evaluación interna reveló que, como en muchos otros municipios pequeños, la administración tributaria históricamente no había recibido prioridad institucional. Según el secretario, esto a menudo se debía al temor a consecuencias políticas. 

“Dada la necesidad de garantizar la sostenibilidad fiscal del municipio, nos dimos cuenta de que era necesario y urgente fortalecer la administración tributaria”, explica. Junto con la alcaldesa Maira Branco Monteiro, Vianna adoptó medidas institucionales destinadas a ampliar el personal técnico, aumentar el número de plazas para auditores fiscales y profesionales de apoyo especializados, brindando así mayor capacidad operativa y eficiencia a los procedimientos de gestión tributaria en su conjunto. 

La Ley Complementaria Municipal N.º 181/2023 reestructuró la administración tributaria, eliminó los puestos de comisión y estableció funciones basadas en bonificaciones. «El acceso a puestos estratégicos ahora se basa en criterios técnicos y políticas estructuradas de gestión de recursos humanos. Hoy trabajamos con tres pilares: la valoración técnica del empleado, la meritocracia y la continuidad institucional», explica el secretario.

Según él, vincular los ascensos al desempeño y los resultados ha tenido efectos concretos, como un mayor compromiso del equipo, mejores estándares técnicos en los entregables y una cultura orientada a resultados fortalecida. El departamento se ha vuelto más estable, menos sujeto a la interferencia política y mejor preparado para planificar y ejecutar políticas públicas de manera eficiente.